La situación del mercado laboral está dificultando enormemente la labor de reinserción social de las personas que superan una drogadicción en alguna de las comunidades terapéuticas que funcionan en Cataluña, incluso de las que cumplen medidas penales alternativas en estos centros.
«Hay personas que una vez acabada la medida penal no tienen adonde ir, no encuentran trabajo y deciden quedarse con nosotros. Y también hemos recibido llamadas de antiguos pacientes que nos piden regresar porque tampoco saben adonde ir», ha explicado a Efe Jaume Vilanova, director de la Asociación Egueiro, que cuenta con cuatro centros terapéuticos y varios pisos de reinserción en Cataluña.
La Asociación Egueiro (que significa ‘yo despierto’ en griego clásico) gestiona una comunidad terapéutica en Valls (Tarragona), dedicada a politoxicomanías; otra en Santes Creus (Tarragona), dedicada a las patologías duales -trastornos mentales y adicciones-; otra en Mas dels Frares (Tarragona), para el alcoholismos, y otra en Ponts (Lleida), especializada en la formación prelaboral de los desintoxicados.
En los centros de Egueiro residen una media de 100 pacientes, de los que unos 25 son condenados a medidas penales alternativas que los jueces conmutan por las penas de prisión para tratar conductas adictivas de los penados.
Vilanova asegura que la crisis económica no ha variado el número de personas que Justicia envía a estos centros para cumplir sus penas alternativas, aunque sí que han empeorado las condiciones sociales, psicológicas y económicas en las que llegan a estos centros y el riesgo que recaigan después al no encontrar trabajo.
«Muchos han perdido su vivienda y otros tienen una familia sin recursos económicos que les pueda apoyar», ha apuntado el educador social, que culpa al elevado índice de desempleo de la «ruptura de los proyectos de vida» que preparan para cada uno de los pacientes.
«El mayor problema con que nos encontramos -ha dicho el director de Egueiro- es buscar la salida sociolaboral cuando el paciente ya ha sido rehabilitado para que pueda rehacer su vida».
Normalmente, los programas para personas drogodependientes y que no han respondido a tratamientos ambulatorios dura un año o año y medio, con un primer periodo de aislamiento y contención y una segunda fase de capacitación de recursos personales para su reintegración.
Ya en la tercera fase viven en pisos en régimen abierto para adaptarse de nuevo al medio social, familiar y laboral.
El coste medio de la estancia de cada persona en estas comunidades terapéuticas es de unos 1.500 euros mensuales, que financia el departamento de Bienestar Social, en el caso de las personas derivadas desde los centros sociales, o el de Justicia si se trata de medidas penales alternativas, aunque el usuario paga una pequeña parte en función de sus posibilidades económicas.
En este sentido, Vilanova ha agradecido a las dos consellerías su «esfuerzo, más allá de los retrasos en los pagos de los conciertos, por mantener este servicio» y por suministrarles «los mínimos» para poder seguir haciendo su trabajo.
Pese a la crisis, «nadie se ha quedado sin poder hacer medidas penales alternativas», ha asegurado Egueiro, que recuerda que estas condenas son potestad de los jueces.
Vilanova ha explicado que el perfil medio de los drogadictos es el de un hombre joven, de entre 25 y 26 años, de clase media y baja, mientras que para los alcohólicos hay más presencia de mujeres y la edad media ronda los 40 años.
«El cannabis y el alcohol son drogas más toleradas socialmente y quizá por eso nos llegan personas adictas a estas sustancias que son de mayor edad y ya están desbordadas por el problema», ha explicado el director de Egueiro, que señala que el centro dedicado a alcohólicos es el que tiene más demanda.
Vilanova ha recordado que tras el auge de la heroína en la década de los 80, su consumo decayó y ahora se ha producido un repunte, aunque se trata de consumidores que la alternan con otra droga, y que la cocaína es consumida mayoritariamente por personas de clase media-alta, con casos de personas con formación y bien remuneradas.
El experto ha alertado de la «creencia equivocada de que el cannabis y el alcohol son sustancias inocuas» y ha explicado que han tratado a algunos menores que eran «consumidores compulsivos de porros, con abandono escolar, problemas familiares y de salud».
En los centros de las comunidades Egueiro trabajan equipos multidisciplinares formados por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, educadores, maestros de taller y un coordinador que suele ser una persona rehabilitada y capacitada, que sirve de ejemplo y testimonio.
