La Guardia Civil de Tráfico intensificará a partir de enero los controles antidroga, que serán tan específicos y frecuentes como los de alcoholemia, pero para detectar si los conductores van al volante bajo los efectos de sustancias estupefacientes. A través de este sistema, denominado «Droga Test» y que consiste en una simple muestra de saliva, se reflejará si ha consumido cocaína, cannabis, anfetamina y metanfetamina, pero también si ha tomado opiáceos y benzodiazepinas, que son fármacos recetados para combatir el dolor crónico, la ansiedad, el insomnio o la epilepsia. Su tratamiento produce efectos adversos que merman su capacidad de conducción, hasta el punto de que la toma de ansiolíticos está relacionada con el 8% de los accidentes en España. Pero en estos casos ¿hasta qué punto pueden tener responsabilidad los médicos que han prescrito estos fármacos?
Para disipar esta duda, el Colegio de Médicos reunió ayer a la directora médica del laboratorio Mundipharma, Susana Treseira, el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Rafael Losada, y el Comandante jefe de la Guardia Civil de Tráfico, Lorenzo Bárez, que abordaron de manera multidisciplinar el asunto.
Hacer constar la información
Losada advirtió a los profesionales de que deben proporcionar «toda la información» a sus pacientes en cuanto a la prescripción de estos fármacos dado que también está en juego «la salud de terceras personas». De no hacerlo, advirtió, los pacientes medicados que tengan un accidente «podrían hacerles responsables y exigirles una indemnización». Eso sí, habrían de demostrar «que el consentimiento informado ha sido vulnerado» y que «existe una relación causa efecto» entre la prescripción efectuada y el accidente.
Para evitar que los profesionales se vean inmersos en problemas legales frente a su «obligatoriedad» de recetar opiáceos o benzodiazepinas en pacientes que sufren dolor crónico, severo o puntual, Treseira recalcó la necesidad de «reseñar en su historia clínica que la persona ha recibido las recomendaciones oportunas en cuanto a los efectos adversos y a los problemas a la hora de conducir». Pero, ¿y si el paciente hace caso omiso?. Losada fue claro: «La obligación del médico debería pasar por informar a la autoridad sanitaria», en este caso Salud Pública, para investigar al paciente.
Sea como fuere, el comandante jefe de Tráfico advirtió de que en España, «el 40% de los conductores va al volante bajo los efectos de medicamentos» y conducir tras el consumo de drogas u otros estupefacientes está considerado una infracción muy grave -puede suponer 500 euros de multa e incluso constituir un delito penal-.
El debate está servido.
